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El escándalo que involucra a una minera extranjera en una causa por narcotráfico reavivó el debate sobre el rol del sector minero en operaciones de lavado de activos. La reciente aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) plantea interrogantes sobre los controles fiscales y financieros en un contexto de creciente preocupación por el financiamiento del crimen organizado.
El reciente caso judicial que involucra al diputado José Luis Espert, vinculado a una empresa minera guatemalteca bajo sospecha de participar en maniobras de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, puso en primer plano una discusión que ya venían planteando diversos sectores políticos y sociales: ¿puede el sector minero funcionar como una vía para operaciones de blanqueo de capitales?
Este debate adquiere aún más relevancia luego de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, que introduce beneficios extraordinarios para grandes empresas. Entre ellos se destacan:
– Cero por ciento de retenciones a las exportaciones
– Libertad para importar bienes sin pagar derechos de importación
– Exención de la obligación de liquidar divisas en el país
– Facilidades para la salida de dólares sin mayores controles
– Reducciones y exenciones en impuestos como IVA y Ganancias
Estos beneficios, pensados para atraer inversiones, también pueden facilitar maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero si no van acompañados de controles adecuados, según advirtieron especialistas en materia económica y financiera.
Además, legisladores de la oposición, como Myriam Bregman, señalaron que un régimen como el RIGI “funciona como un vehículo ideal para la fuga de divisas y la legalización de fondos de origen ilícito”. En este sentido, Bregman vinculó las condiciones del RIGI con el avance del narcotráfico, señalando que “no se puede combatir el narcotráfico si se aprueban leyes que facilitan el lavado”.
En paralelo, el caso de Espert, donde una minera extranjera es investigada por presunta participación en maniobras de blanqueo vinculadas al narcotráfico, genera preocupación sobre los vínculos entre capitales internacionales, sectores extractivistas y redes delictivas transnacionales.
Frente a este escenario, sectores críticos al RIGI afirman que no se trata de estar en contra de las inversiones, sino de garantizar transparencia, control estatal y regulación fiscal. De lo contrario, advierten, el país podría convertirse en un terreno fértil para la circulación de capitales opacos.
La discusión no está saldada. Por el contrario, este tipo de episodios refuerzan la necesidad de abrir un debate público sobre las consecuencias estructurales de desregular sectores estratégicos como el minero, especialmente en un contexto regional en el que el crimen organizado se expande utilizando mecanismos financieros legales para consolidar su poder.
Tal como se viene advirtiendo desde distintos sectores políticos, sociales y académicos: sin control estatal, los beneficios a grandes capitales pueden convertirse en herramientas al servicio de economías ilegales.
