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En medio de un tenso debate sobre migración, trabajo y derechos humanos, el presidente chileno Gabriel Boric rechazó este jueves la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de avanzar en un proceso de regularización de personas migrantes que ya se encuentran en el país.
La iniciativa buscaba responder a la creciente escasez de mano de obra en el sector agrícola, donde, según datos del gremio, se necesitan más de 250 mil trabajadores para la próxima temporada de cosechas.
En un punto de prensa, Boric sostuvo que, “por ahora, no está en los planes del gobierno innovar en esta materia”, y añadió que Chile “no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular”. Sin embargo, reconoció la trayectoria del presidente de la SNA, Antonio Walker, con quien dijo mantener una relación de diálogo y colaboración.
El mandatario defendió los avances de su gestión en materia de control fronterizo y orden migratorio, pero también remarcó que “el trabajo tiene que ser digno y respetar los derechos laborales y humanos de todas las personas”, en referencia a cualquier propuesta que implique incorporar trabajadores migrantes al mercado formal.
La propuesta de la SNA fue presentada esta semana por su titular, Antonio Walker, quien alertó sobre el déficit estructural de mano de obra en la agricultura chilena. En declaraciones a medios locales, Walker insistió en la necesidad de “formalizar a los inmigrantes que ya están en el país y que han ingresado con visa de turista”, señalando que muchos de ellos están realizando labores clave para la economía rural sin acceso a derechos básicos ni protección legal.
“La mano de obra nacional no alcanza para cubrir las demandas del sector. Nos guste o no, es una realidad que debemos abordar sin populismos”, expresó el dirigente gremial, haciendo un llamado a “formalizar a quienes ya están dentro del país y contribuyen honestamente, no a abrir las puertas a nuevos ingresos, para evitar un efecto llamada”.
Walker también denunció los prejuicios que enfrentan las personas migrantes, al ser frecuentemente asociadas con delincuencia o narcotráfico. “A esos delincuentes, expúlsenlos, pero la gran mayoría de los migrantes son personas honradas, trabajadoras, que hacen un gran aporte”, afirmó.
Un tema complejo que exige enfoque de derechos
El debate sobre migración y trabajo en Chile atraviesa un momento clave, con posiciones divididas entre la necesidad de ordenar los flujos migratorios, y el deber de garantizar los derechos humanos y laborales de quienes ya están en el país. Organismos internacionales han advertido que negar la posibilidad de regularización a personas migrantes que ya forman parte del entramado económico nacional, puede conducir a su mayor precarización, explotación y vulnerabilidad.
En este contexto, varias organizaciones de derechos humanos y sindicatos han llamado a considerar alternativas que permitan formalizar a quienes hoy viven y trabajan en condiciones informales, sin caer en discursos estigmatizantes ni punitivos.
Por ahora, el gobierno chileno ha cerrado la puerta a cambios en esta materia, pero la urgencia del sector agrícola y las presiones sociales podrían volver a colocar el tema en el centro del debate público.