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El secretario general de la ATECH, Daniel Murphy, enfrenta un juicio por daño agravado tras una protesta docente en 2023. Desde sectores sindicales y sociales denuncian que este proceso busca criminalizar la protesta y limitar la lucha por los derechos laborales.
Este martes inició el juicio oral y público contra Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), acusado de daño agravado por la rotura de un vidrio en el Ministerio de Economía durante una manifestación docente en junio de 2023. La causa, impulsada por la Fiscalía de Estado, tiene un fuerte impacto político y ha generado un amplio rechazo en sectores sindicales y sociales.
Murphy, una figura central en la lucha por los derechos docentes, se enfrenta a una posible pena de hasta tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, según lo solicitado por la fiscalía. Sin embargo, desde su entorno y diversas organizaciones, la acusación es vista como un intento de disciplinar las protestas sociales y amedrentar a los movimientos sindicales que buscan mejores condiciones laborales.
La manifestación en cuestión ocurrió en un momento crítico para los docentes de Chubut, quienes reclamaban por salarios adeudados y mejores condiciones laborales. En ese contexto, la protesta frente al Ministerio de Economía fue una expresión legítima de descontento ante un gobierno que, según los sindicatos, no había cumplido con las demandas básicas de los trabajadores de la educación.
"Este juicio no se trata de un vidrio roto, sino de un intento de silenciar la lucha docente", señalaron desde ATECH en un comunicado. En este sentido, el caso de Murphy pone en el centro del debate el derecho a la protesta y la creciente judicialización de las medidas de lucha social.
Pruebas cuestionadas y testimonios en debate
El fiscal de la querella, Martín Castro, ha argumentado que existen pruebas como videos y testimonios policiales que señalan a Murphy como responsable del daño. Sin embargo, desde la defensa del dirigente sindical aseguran que las pruebas presentadas son insuficientes y carecen de contexto. "No hay evidencia clara que demuestre que Murphy haya causado el daño de manera intencional. La protesta fue legítima y no puede ser criminalizada", afirmaron los abogados del sindicalista.
Además, se critica que los principales testigos sean efectivos policiales, quienes podrían tener un interés en respaldar la acusación de la Fiscalía. "El peso de la prueba debería ser contundente, pero lo que vemos aquí es más bien un intento de construir un caso político contra un dirigente sindical", sostienen desde el ámbito gremial.
Un juicio que trasciende a Murphy
Este caso no solo afecta al secretario general de ATECH, sino que también sienta un precedente preocupante para las luchas sociales. Organizaciones de derechos humanos y sindicatos de todo el país han expresado su apoyo a Murphy, argumentando que este juicio busca intimidar a quienes se organizan y luchan por sus derechos.
"La protesta social no puede ser tratada como un delito. Es un derecho consagrado en nuestra Constitución, y lo que está ocurriendo con Murphy es un claro ejemplo de criminalización de las luchas populares", expresó un representante de la CTA (Central de Trabajadores de Argentina).
Para muchos, este juicio está cargado de simbolismo político. La acusación contra Murphy surge en un contexto donde las organizaciones sindicales han sido clave para visibilizar el deterioro de los derechos laborales en Chubut. Desde este enfoque, el proceso judicial no solo busca sancionar un acto puntual, sino también enviar un mensaje a otros dirigentes que lideren reclamos similares.
Mientras se desarrollan las audiencias, la comunidad docente y diversos movimientos sociales han convocado a movilizaciones en apoyo a Murphy, exigiendo su absolución y el respeto al derecho a la protesta. "Este no es solo un ataque a Murphy, sino a todos los trabajadores que luchan por sus derechos", concluyó un docente presente en las manifestaciones.