La Ley 219/24 de la provincia de Chubut propone el arancelamiento del sistema público de salud para migrantes, el proyecto fue  presentado por los legisladores Andrea Toro y Marcelo Rubia, del bloque del PICH. El proyecto de ley  ingresó por mesa de entradas el 23 de septiembre del año en curso y fue aprobado las últimas semanas de noviembre. Según informó la Legislatura, la medida busca establecer “el arancelamiento del uso de prestaciones brindadas por el sistema de salud pública de la Provincia del Chubut, aplicable a personas con cobertura médica y a extranjeros que revistan las categorías de ‘residentes transitorios’ o ‘residentes precarios’, según la Ley Nacional N° 25.871 de Migraciones”.

Desde su aprobación, la polémica fue inmediata y mereció el repudio de la Mesa Intersectorial sobre Interculturalidad y Migraciones de Comodoro Rivadavia, que considera que representa un retroceso en el acceso a derechos para los grupos migrantes. En este sentido, la investigadora Brigida Baeza como miembro activa de la Mesa indicó “emitimos un comunicado y combatimos el sentido común que aparece fuertemente con prejuicios y preconceptos respecto a lo que significa un migrante en Argentina hoy”.

Cabe señalar que "esta mesa compuesta por   diversas instituciones de nivel nacional, provincial y municipal nos venimos reuniendo hace tiempo y avanzamos en línea con la Ley Migratoria 25.871, una ley que amplía derechos que nos ha costado dar a conocer y entendemos que esta polémica nos agarra en un momento donde no se ha consolidado su alcance. Esta medida restrictiva cae en este contexto, no es bueno para la vida de ningún migrante pero tampoco para quienes trabajan con migrantes, se vinculan, tienen familiares, etcétera”.

Para Baeza la norma chubutense contradice la Ley Nacional y se funda en “prejuicios” antes que estadísticas. “A principios de año quien estaba a cargo de la Secretaria de Salud (Sergio Wisky)  advirtió que no tenía sentido avanzar en este debate porque no era significativo la cantidad de migrantes que se atendían en centros públicos, nos preguntamos qué es lo que cambió en este tiempo para que ahora se avance en este sentido. Vemos una clara alineación  con las medidas que plantea  el gobierno nacional y con esto se refuerza el discurso de funcionarios como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que viene haciendo asociaciones entre delincuencia y migraciones, se trata de criminalizar a los migrantes antes de pensarlo como alguien que vienen a aportar o a trabajar”.

Asimismo, Baeza reconoció que los sectores académicos vinculados a los estudios de Migraciones no estuvieron convocados para contribuir al debate legislativo. Y apuntó contra la diputada Andrea Toro quién reconoció que sustentaba la norma en datos concretos. “La legisladora dijo que no tiene cifras y que no sabe bien cuántos extranjeros se atienden en Chubut, qué es lo que hace?, por tres personas pone una ley restrictiva que pone en foco algo que nos tiene que enorgullecer. Si vienen estudiantes de Latinoamérica a estudiar a nuestra Universidad es un motivo para ponernos orgullosos. Esta legisladora sin ninguna cifra que avale lo que plantea dice que es importante sacar una ley”.

En este marco, Baeza en diálogo con LU4 remarcó que hay como en otras áreas una supremacía sobre el sentido común en contra del conocimiento científico.  “Hablo de combatir el sentido común porque hay desconocimiento incluso de qué significa ser un residente transitorio, un residente precario temporario, un residente permanente”. Actualmente “para ser un residente transitorio la ley sostiene que durante un año podemos estar dentro del país, pero si queremos  renovar y no pertenecemos al Mercosur debemos  abonar unos 100 mil pesos, del Mercosur 60 mil pesos”, no hay vacío legal hay “persecución”.  Entonces, indicó la investigadora “que es lo que vemos cuando venos a un chileno o chilena, boliviano, bolivianas, activamos las representaciones de la Ley Videla, no hay discriminación indicada sobre transitorios y permanentes, estamos contemplando que a esas personas cada día se les hace más difícil renovar su residencia precaria”.

En este sentido, expuso que bajo el argumento de que esos fondos irán a parar a los  sueldos de enfermeros o médicos, “se trata simplemente de ubicar un chivo expiatorio, esto lo vivimos en os ´90 renovamos ese neoliberalismo. Pensar en el censo de 2022 se arrojaron cifras tremendas de como esta bajando la migración, se habla de una migración chilena envejecida, que saca la doble nacionalidad y va y viene permanentemente, falta un poco de realidad acerca de qué es lo que estamos viviendo”.

El retorno a la Ley Videla implicaría “aumentar la pobreza, las exclusiones a futuro en el sistema educativo por ejemplo donde hasta no hace tantos años atrás se exigía DNI nacional para inscribir a un niño migrante al jardín o a una escuela”.

EL DOCUMENTO 

NO AL ARANCELAMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD PARA MIGRANTES

El jueves 18 de abril de 2024 el ex Secretario de Salud de Chubut Sergio Wisky declaraba: “Hoy estamos subsidiando más a la medicina prepaga y a obras sociales que a pacientes extranjeros", mencionando que, en el caso de Comodoro Rivadavia (la ciudad de la provincia con mayor cantidad de habitantes), “la incidencia en la atención de extranjeros en la ciudad es baja, ya que representa entre un 7 y 10% de la demanda total”.

Meses más tarde, el día 21 de noviembre, la legislatura provincial –con apoyo del oficialismo- termina aprobando el arancelamiento de la atención sanitaria a "residentes transitorios”, y "residentes precarios”  que acudan a dependencias hospitalarias y centros de salud públicos.

El gobierno de la Provincia de Chubut se hace eco de la tendencia que se afianza en el país vinculada a la restricción en el acceso a derechos. Quienes se ven afectados/as son aquellos/as que mayores dificultades tienen para regularizar su situación migratoria (por el aumento de las tasas y el aumento de trámites) y que por ende se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Si la incidencia del porcentaje de extranjeros en el sistema público de salud es baja, ¿Qué se obtiene con semejante medida? Ubicar un chivo expiatorio ante las políticas de ajuste del gobierno nacional al cual se responde con la escalada de medidas restrictivas a nivel provincial, además de alimentar la xenofobia en una provincia que –estadísticamente- está ubicada dentro de los mayores índices de discriminación del país.

Es una medida de carácter restrictiva que va en sintonía con el desmantelamiento de las políticas públicas de acceso a derecho, que evidencia un modelo migratorio excluyente y que reafirma el rechazo a la llegada de grupos migrantes limítrofes, afrodescendientes y de países centroamericanos. La salud es un derecho humano, de todo ser humano sin distinción de raza, etnia, nacionalidad, género, religión, ideología política o condición económica o social. El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales, como así también en nuestra Constitución.

Estas acciones intentan arancelar un derecho fundamental, atentan contra la dignidad humana y vulnera los derechos de las personas, criminaliza y discrimina a la comunidad migrante. El estado debe adoptar medidas que garanticen el derecho, apuntando a acciones progresivas y no regresivas.

Exigimos la derogación inmediata de la Ley Provincial 219/24

Mesa Intersectorial sobre Interculturalidad y Migraciones de Comodoro Rivadavia - Noviembre, 2024