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El fiscal solicitó la pena de 6 años de prisión para Boyero y Palomeque; 4 años y 10 meses para Sartori y Lara; 4 años y 4 meses para Van Heerden; de 5 años y 6 meses para Mansilla; de 5 años de prisión para Cristian Pérez; de 5 años y 6 meses para Monasterolo, de 5 años para Morales y de 5 años y 2 meses para Lobos Rosas
A lo largo de toda la jornada del presente miércoles se
concretaron los alegatos de pena de las partes en el juicio por la causa
“Emergencia Climática I” en Comodoro. Así luego de producirse la prueba de la
cesura y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada
uno de los condenados, el fiscal solicitó la pena de 6 años de prisión para
Boyero y Palomeque; 4 años y 10 meses para Sartori y Lara; 4 años y 4 meses
para Van Heerden; de 5 años y 6 meses para Mansilla; de 5 años de prisión para
Cristian Pérez; de 5 años y 6 meses para Monasterolo, de 5 años para Morales y
de 5 años y 2 meses para Lobos Rosas, una reparación económica por 408.804 u$s
y por ello la medida cautelar de inhibición general de bienes y costas del
proceso para todos ellos. Considerando para todos como única atenuante la falta
de antecedentes penales.
Entre las pautas mensurativas comunes el fiscal Olazabal
consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito
de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido
en la Convención de las Naciones Unidas. En la tormenta extra-tropical que
destrozó la ciudad, hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que
aprovecharon para enriquecerse. En cuanto al daño patrimonial causado al Estado
Municipal fue de gran magnitud, 408.804 dólares, al valor actual 410 millones de
pesos.
Por su parte el defensor de Monasterolo se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, 2 años de prisión y que la misma sea dejada en suspenso.
El tribunal de debate es presidido por Mariano Nicosia e
integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio
Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general;
acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La
defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori,
Van Heerden y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por
María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rosas y Morales
por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a Cristian Pérez, abogados de la
defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo fue ejercida por Fabián
Gabalachis, abogado particular del mismo.
Todas las restantes defensas solicitaron penas de dos años,
el mínimo, y que la misma sea en suspenso, menos María de los Ángeles Garro que
solicitó 2 años y 4 meses para Mansilla, a su vez Di Taranto solicitó 2 años y
3 meses para Cristian Pérez y Juan Billl de 2 años y dos meses para Lobos
Rosas. Oponiéndose todos a la inhibición general de bienes para sus asistidos.
Cabe recordar, que el pasado 8 de julio el tribunal dio a conocer la parte dispositiva del fallo que “sobreseyó” a los imputados Gonzalo Pérez y Julián Astiz, “declarando parcialmente nula la acusación en su contra”; y asimismo declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”. En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron penalmente responsables como partícipes de fraude a la Administración Pública y falsedad ideológica de instrumento público. Absolviendo por su parte a Herk ya que “la prueba en su contra es insuficiente”.
“Emergencia Climática I” en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.