Por: Lic. Stella Armesto. Especialista en Infancias y Juventudes / Dra. María E. Claros. Abogada

La Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia es uno de los organismos del sistema de protección integral que tiene por función velar por el cumplimiento efectivo de los derechos que asisten a toda persona menor de 18 años de Comodoro Rivadavia. El lunes 22 de noviembre, asumió como director el Dr. Carlos Barría Oyarzo, para regularizar la situación de la Oficina luego de los procesos administrativos de renovación de funciones que cada tres años define mediante concurso quién será su responsable.

El Dr. Barría Oyarzo remarcó que su puesta en funciones se realizó a dos días del Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño que el 20 de noviembre cumplió 33 años. En ese marco, destacó que la Oficina a su cargo “es uno de los organismos que se encarga de fortalecer el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde uno de los hitos fundacionales es la Convención del año 1989, con rango constitucional desde 1994”.

El entrevistado resaltó particularmente que “Chubut es una de las primeras provincias que rápidamente construye una ley que garantiza la doctrina de la protección integral de derechos dejando atrás el concepto de niños como objetos de tutela”.

Desde su rol, entonces, comentó que si bien tiene varios objetivos para el periodo que le queda por delante, “uno de los centrales es el fortalecimiento del sistema de protección integral de derechos, y en eso, hablamos de la corresponsabilidad de la política pública, y de la política privada, que incluye diferentes actores y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tienen que garantizar derechos, así como escuelas, organizaciones no gubernamentales, iglesias, y comunidad en general, entre otros”.

Multidimensionalidad de la desigualdad

Respecto a los desafíos, Barría Oyarzo mencionó que han trabajado sobre un diagnóstico situacional sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en ese sentido, “una de las líneas de trabajo fuertes es lo que generó la pandemia, particularmente en la ciudad, y la emergencia socioeconómica de la provincia de Chubut y ahí vemos los niveles de pobreza por ingreso socioeconómico con algunos datos que son alarmantes a nivel nacional y a nivel local”, agregó.

El director de la Oficina citó como ejemplos los estudios de UNICEF que mencionan entre otras cosas que “el 30 por ciento del os hogares dejaron de comprar algún alimento por no tener dinero, y eso repercute directamente en el derecho a la nutrición y alimentación saludable en niños y niñas”.

Asimismo, se refirió a las situaciones habitacionales de NNyA en sectores no regularizados, respecto a lo cual se comprometió a analizar “desde una perspectiva de multidimensionalidad de la desigualdad”. 

El entrevistado acotó entonces que “aquel niño, niña o adolescente que es pobre por ingreso económico probablemente se esté afectando su derecho al salud, educación, recreación  a la ciudad”.  En ese sentido, mencionó su pertenencia el Espacio Sociocomunitario Carlos Mugica desde donde “uno de los hechos que venimos observando es la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a los consumos culturales o al centro de la ciudad”. Al respecto, consideró que Comodoro Rivadavia es “una ciudad que no está pensada para niños y para niñas”.

Territorialidad

El director de la ODG hizo referencia a temas tales como salud integral, salud mental, salud sexual y reproductiva, como temas a trabajar desde el organismo. También especialmente al Abuso Sexual Infantil, “un tema que se viene trabajando en la ciudad pero que ahora ingresó en la agenda pública”.

En ese marco, Barría Oyarzo habló del comité intersectorial sobre abuso sexual contra las infancias, que tendrá continuidad durante esta gestión al igual que la participación en la mesa interinstitucional para la prevención del suicidio.

“Pero también otra de las características que vamos a darle es el trabajo territorial”, agregó y se refirió en especial a “trabajar en la visibilización y en el enfoque de la promoción del os derechos y propuestas de modificación o la ampliación de políticas públicas”.

En definitiva, subrayó que es necesario “que el Estado cumpla su función de garante del estado de derecho y ahí es imprescindible trabajar con legislativo y ejecutivo para determinar qué se hace con aquello que se dice en la letra de una ley, normativa o política pública”, concluyó.