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Piden la culpabilidad y 9 meses de prisión para el hombre que desvió un río hacia su estancia en el año 2018. La sentencia se conocerá la próxima semana.
Héctor
Arrechea, está acusado de utilizar maquinaria vial para construir canales,
tajamares y obstrucciones para provocar el desvío de las aguas de un arroyo en
Gobernador Costa. El hecho ocurrió con anterioridad a los primeros días de
octubre de 2018 y persiste hasta la actualidad. La defensa del imputado pidió
su absolución.
De esta forma,
se inició el pasado martes en Esquel el juicio contra Héctor Arrechea, a quien
se lo acusa de haber aprovechado las aguas del río Genoa para uso de su
establecimiento ganadero, denominado «La Criolla» perjudicando así a otros
campos de la zona y a Gobernador Costa.
La
investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Forti, quien contó con la
colaboración de la funcionaria Mónica Caveri; mientras que el juez de la causa
es Ricardo Rolón y el imputado es representado por Carolina García.
En el marco de
una nueva audiencia celebrada este lunes, el fiscal Forti resaltó, a lo largo
de su alegato, la importancia del tema puesto en debate: la libre circulación
del río por su cauce natural y la relevancia que el agua reviste para la vida.
Por este motivo consideró que se trata de un juicio en favor todos, de todos
los ahora presentes en esta sala, de los que vendrán (las generaciones
futuras), de los productores ubicados aguas abajo y de los vecinos de una
comunidad que a través de este juicio se hicieron escuchar en defensa de su río
y la biodiversidad.
La Fiscalía
probó además que Arrechea no tenía permiso o concesión para el uso de aguas
públicas otorgado por la Autoridad Provincial del agua.
En su
declaración al inicio del debate, Arrechea sostuvo que la contención por la que
se lo imputa está desde el tiempo de sus abuelos. Ante esto, el fiscal plantea
es si una obra tan precaria puede durar más de cien años, superando crecidas y
la fuerza constante del agua que busca retomar su curso natural. “Nótese pues,
que no hay otra explicación lógica que el constante mantenimiento de la
estructura y esto es lo que nos dijo hace Arrechea año tras año, y es donde se
convierte en autor”, dijo el investigador.
“Asimismo
atento el tiempo actual con el grado de desarrollo existente, la cantidad de
canales que salen del canal madre tienen como objetivo regar el fundo y no el
que supuestamente respecto la versión del imputado le daba su abuelo para uso
doméstico”, añadió.
Finalmente, el
fiscal consideró que por el tipo de hecho se debe encontrar la pena justa en la
porción más alta de la escala penal aplicable por la gravedad del caso, la
magnitud del daño causado, y tratándose de un delito instantáneo de efectos
permanentes que aún continúan existiendo.
“Asimismo, la
conducta del imputado evidencia una actitud desaprensiva y egoísta ante la
sociedad, ya que agota un recurso vital como es el agua -escaso a nivel mundial
y con emergencia hídrica declarada en esta provincia- por obtener un beneficio
económico personal. Demuestra no tener conciencia ambiental ya que al obstruir
todo el cauce natural ha provocado la muerte de toda la biodiversidad”,
sentenció Forti al pedir que se lo declare autor penalmente responsable a
Arrechea y que se lo condene a la pena de nueve meses de prisión en suspenso.
La defensa pide
la absolución del imputado
Por su parte,
la defensora García sostuvo la inocencia de su defendido con diversos
argumentos. Por una parte, indicó que la zona en que se señala que se hizo la
contención de aguas está fuera de la propiedad del acusado. Se refirió a varios
errores materiales en la constatación de la geolocalización ofrecida por la
pericia, cuestionó imprecisiones en la imputación, al referirse a las afluentes
del río Genoa. «Todo contribuye a una indeterminación del lugar del que estamos
hablando», cuestionó la abogada, indicando que en una acusación penal no puede
existir imprecisión.
Resaltó que
siempre la autoridad de aplicación estuvo en conocimiento de las intervenciones
realizadas.
Según expuso la
abogada, “el canal fue hecho por el abuelo del señor Arrechea, no por el
imputado, declarado en 2014 e inspeccionado por las autoridades del IPA en
numerosas oportunidades. Todas las observaciones fueron subsanadas. La
autoridad de aplicación estuvo siempre en conocimiento de la existencia del
canal, incluso se exigió una compuerta para regular el paso de agua, la que se
colocó en el lugar. En 2019 obtuvo un permiso para la utilización de esas aguas.
¿Qué es lo que hizo por fuera de lo que el IPA le pidió?”.
“Arrechea no
hizo más que cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la
norma… no así quienes se presentan aquí como víctimas…”, apuntó la defensora.
Añadió que, de acuerdo con el código de aguas, su defendido mantuvo la limpieza
de canales, cada año.
Por otro lado,
dijo que no hay un derecho reconocido por ley de las personas o de la comuna
que se manifiesta afectada por el uso de estas aguas. La única persona que
tenía gestionado el permiso para su utilización es el imputado.
Con estos y
otros argumentos, García pidió la libre absolución de su defendido.
Fuente:
Ministerio Público Fiscal Chubut.