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La Justicia local este jueves prorrogó el periodo de la investigación por la causa de asociación ilícita. Hay 12 imputados entre empleados del IPV y amigos de estos, quienes prometían una vivienda social a cambio de recibir altas sumas de dinero. Uno sólo cumple arresto domiciliario.
El juez Alejandro
Soñis presidió la audiencia denominada “causa IPV II” o “Sueños Pagos” que
tiene como coimputados a Maximiliano González, Griselda Fanny Jonás, Gloria
Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda
Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve,
Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen.
El fiscal Héctor
Iturrioz solicitó la declaración de causa compleja debido a que las víctimas son
190 personas, quienes fueron engañadas y entregaron importantes sumas de dinero
a los integrantes de la banda delictiva.
La
declaración de causa compleja conlleva una readecuación del plazo de investigación,
de 6 meses a 1 año y 6 meses, es decir, que la causa vencería el 3 de marzo de
2022.
Los distintos
defensores no se opusieron a la declaración de causa compleja dado que se daban
las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal. Existe multiplicidad
de imputados, de víctimas, de delitos y “un caso de delincuencia organizada”,
calificó el parte de prensa del Ministerio Púbico Fiscal.
El magistrado
decretó a la causa como compleja. Después el fiscal solicitó el mantenimiento
del arresto domiciliario que cumple el empleado del IPV loca, Maximiliano
González. El juez hizo lugar a esa medida hasta el 11 de diciembre.
Los delitos investigados
ocurrieron en julio de 2019 cuando el grupo de personas, comandados por un
funcionario de la delegación zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV),
Maximiliano González.
Según la investigación
fiscal, todos los miembros de la banda obraron de común acuerdo para cometer
ilícitos. Recaudaban dinero mediante la realización de transacciones
comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas, o a
construirse, por el IPV donde González era agente.
Los ilícitos
ideados fueron comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya
adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes y cuya
comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de legajos
personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya
adquisición era por una suma de dinero.
De esa forma,
los acusados sorteaban el procedimiento establecido por el ente rector,
utilizaban el sello oval y documentación perteneciente al IPV que fueron
robados. Dotaban de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados
por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes
de sus gestiones. También se investiga la falsificación de resoluciones de
adjudicación.