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Con Sello Patagónico | PUEBLOS ORIGINARIOS | Domingo 16 de mayo de 2021
Third slide

Estado Argentino dewlay ñi femael [El Estado Argentino no cumplió con lo que debía hacer]

A principios del mes de mayo el Juez Federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dictó una sentencia que es relevante en varios aspectos, algunos de ellos se vinculan a la intimación que se realiza al Estado Nacional y a IEASA, el énfasis en la necesidad de la Consulta, Libre, Previa e Informada a los pueblos originarios y la traducción al Mapuzungun del resumen de la sentencia.


Por: Daniel Loncon, miembro del Pueblo Mapuche e integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes. UNPSJB.


Inicios de la demanda

El origen del conflicto judicial comienza en el mes de julio del año 2017, cuando Sergio Valentin Nahuelquir, Inan Lonko de la Comunidad Mapuche Tehuelche Lof Fem Mapu, interpone una acción de amparo contra el Estado Nacional, la Provincia de Santa Cruz y Represas Patagonia ELING-CGGC-HCSA-UTE.  

A la demanda inicial se sumaron catorce comunidades originarias de la provincia de Santa Cruz, quienes reclamaron la falta de la Consulta, Libre, Previa e Informada para su participación en la toma de decisiones, protección del patrimonio cultural y de los restos mortales indígenas, en relación al proyecto “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic”.

Al respecto, Sergio Valentín Nahuelquir Inan Lonko del Lof Fem Mapu sostuvo que “esta sentencia que intíma al Estado Argentino y a sus instituciones, marca un poco de justicia para los pueblos originarios que venimos desde el 2017, demandando al Estado para que cumpla con la Consulta, Libre, Previa e Informada”. 

En el mismo sentido, Mauro Millán, Lonko del Lof Pillan Mawiza, espera que esta sentencia fije un precedente para revertir la situación, sin embargo recuerda que han transcurrido “casi cuatro años desde que comenzó este proceso de lucha en ese terreno judicial, uno no puede dejar de pensar que hubo un intento del aparato judicial del Estado de burocratizar este reclamo, me parece que hay algo q no está funcionando, no creo que solo en el derecho indígena, sino que también lo veo a nivel aparato judicial o justicia de este Estado”. Sin embargo, y en cuanto a los conflictos actuales en diversas regiones del país, Millán sostiene que “a la hora de otorgar beneficios a las multinacionales extractivistas, privados, ricachones, en definitiva la elite perpetua de este sistema, la justicia actúa con mucha celeridad”.

Conciencia de Pueblo

En relación a las comunidades que se sumaron a esta demanda colectiva, Nahuelquir afirma que “no hemos tenido diferencias para juntarnos y el proceso fue madurando hasta el punto que decidimos las quince comunidades de la provincia de Santa Cruz, mancomunarnos, redoblar los esfuerzos y hacer esta demanda”. En cuanto a los fundamentos para encarar esta acción, el Inan Lonko es contundente “hemos tomado conciencia y también tenemos un posicionamiento claro de los pueblos originarios y entendemos que esto debe ser así, la consulta tiene que hacerse a todas las comunidades que están en la provincia de Santa Cruz, porque es parte de nuestra cosmovisión, el territorio no se limita por márgenes marcados por el ser humano, sino por el espacio donde se va a perjudicar, esto afecta a toda la provincia de Santa Cruz porque es el último río glaciario que atraviesa a toda la provincia”.

En el mismo sentido, Mauro Millan expresó que esta unión de comunidades o lofche es un logro y es lo que marca la diferencia en esta discusión, señalando que “tiene que haber una conciencia de la defensa del territorio, esa conciencia que el derecho winka no lo establece con letras mayúsculas, que es el planteo de fondo del Pueblo Mapuche Tehuelche, no solo es la conservación del territorio como una acción ambientalista, sino fundamentalmente es una acción ideológica y filosófica de entender la naturaleza de manera diferente a como la entiende este sistema depredador”. Asimismo, respecto de la sociedad no indígena, expresó que “si quince comunidades se juntan para interpelar este sistema depredador y plantear límites al abuso sobre el territorio, también es necesario que la sociedad civil sepa los detalles, que comprenda lo que estamos planteando, dado a que no podemos construir un destino de nuestro pueblo sin pensar que hay una sociedad diferente a la nuestra”.

Idiomas originarios en los procesos judiciales

El Juez Vázquez, a través del secretario del Juzgado Marcelo Farías, solicitó la traducción al Mapuzungun del resumen de la sentencia a los efectos de favorecer “un respeto efectivo a la referida interculturalidad y respeto a la cosmovisión y acceso a la jurisdicción de las comunidades originarias”. Se realizó el contacto con miembros de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco quienes a su vez, se contactan con autoridades y kimelfe para realizar el aporte de la interpretación y posterior traducción del resumen de la sentencia. 

Desde el espacio universitario, se consideró interesante que un Juez Federal contemple la posibilidad de realizar un resumen de la sentencia judicial en Mapuzungun, dado a la importancia de que las instituciones estatales sean permeables a la diversidad cultural que, también se encuentra contemplado en el amplio plexo normativo que garantizan los derechos de los pueblos originarios. Y si bien cierta terminología técnica propia del ámbito jurídico no tiene equivalentes en el Mapuzungun, se realizó una interpretación que, sin alejarse del espíritu y alcances de la sentencia, pudo reflejar la misma.

Tulio Cañumil es Kimelfe del Pueblo Mapuche, fue el encargado de traducir dicha interpretación y en relación a su rol, comenta que  el objetivo es “lograr que la gente vuelva a hablar el idioma, que es lo más importante para que se pueda recuperar el mismo, mantenerlo, para que se comprenda lo que la gente mayor dice, y que se mantenga una comunidad de hablantes y favorecer su revitalización”.

Cañumil trabaja en el Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en donde se dictan cursos de Quichua Santiagueño, Guaraní y Mapuche del cual está a cargo, para lo cual “hay que diseñar una metodología, una secuencia de contenidos y ponerlo en práctica”. 

Consultado sobre esta traducción en particular, Cañumil señala que si bien “había realizado traducciones de y hacia el idioma, pero no de una sentencia judicial o de cuestiones relativas a la justicia. Por lo que pienso que es importante que tales sentencias tengan una traducción a las lenguas originarias, no solo para la valorización de nuestros idiomas, sino también para una mejor comprensión de las mismas dentro de la comunidad de hablantes”. No obstante ello, considera fundamental la dimensión territorial, para que el idioma pueda desarrollarse en el mismo.

Asimismo, Sergio Nahuelquir sostiene que el hecho de que la sentencia haya sido traducida al Mapuzungun “es el resultado del esfuerzo, las luchas y el tomar posicionamiento de la comunidades de que somos diferentes al Estado Argentino, esto no quiere decir que seamos mejores ni peores, pero interpretamos que desde nuestra cosmovisión, tenemos una forma de ver particular de las cosas, por lo que creemos que esto alienta, da una modificación un poco a la ley, creemos que de aquí en adelante todas las demandas o los resultados de los juicios tendrían que hacerse en el idioma de cada pueblo que habita el Estado Nacional Argentino, es algo que va a llevar su proceso, pero lo vemos alentador”. 

Por su parte, Mauro Millán considera que este acto “es importante siempre y cuando el fallo tenga como objeto, tener en cuenta que el propio Estado consagró leyes y andamiajes legales que, tarde o temprano deben ser aplicadas, lo más importante de esto es que se discuta el derecho a la diferencia, a ver a la naturaleza de otra manera, la existencia de una nación originaria, y ésas son discusiones políticas”. 

También advierte que es preciso tener precauciones “dado a que muchas veces el Estado se apropia de elementos de nuestra cultura, como por ejemplo el idioma y termina domesticando, y no estableciendo un criterio de que hay una nación originaria que demanda derechos como tal”.

El fallo judicial

La sentencia del Juez Vázquez, en cuya parte resolutiva mayormente intíma al Estado y empresas a cumplir con los compromisos asumidos hace casi cuatro años, interpela severamente el rol del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, sosteniendo que “el proceso de consulta adolece de una lenta evolución que atenta contra el cumplimiento de las sentencias dictadas en autos y en definitiva contra el reconocimiento y cumplimiento del derecho afectado de la parte actora de las obligaciones a su cargo”. 

Y si bien, “no puedo dejar de considerar que este expediente es iniciado en el año 2017, tiempo después de la decisión estatal de construir las Represas y con la obra ya comenzada, pero incumpliendo la responsabilidad y obligación que recae sobre el Estado por normativa constitucional y supra legal de realizar el proceso de consulta previa, libre e informada en los términos del convenio 169 OIT y normativa vinculada” y en este sentido, el Juez sostiene que este aspecto “no es algo menor, en tanto este proceso ya no pudo ser previo, por exclusiva responsabilidad del arco de partes demandadas”.

Asimismo, el Juez sostiene que “este nuevo paradigma Nacional nos impone dejar atrás un modelo de dominación y estado monocultural para avanzar en la pluriculturalidad y al respeto de la cosmovisión de los pueblos originarios que habitan nuestro suelo con anterioridad a quienes nos radicamos con posterioridad en el mismo. Este modelo Constitucional propio se completa con instrumentos internacionales que se incorporan a nuestro bloque supralegal y que reconocen y tutelan los derechos humanos de los pueblos indígenas; siendo responsabilidad y deber de todo Juzgador el pleno respeto de los mismos”.

De ahora en adelante, los plazos judiciales están corriendo y las comunidades originarias y sus autoridades esperan que el Estado Nacional y la empresa acaten esta orden judicial para garantizar el efectivo cumplimiento y la enmienda de los derechos vulnerados. Los últimos fallos judiciales en las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz ponen un freno al avance de iniciativas y proyectos que han soslayado la Consulta, Libre, Previa e Informada a los pueblos originarios.

Sin dudas que más temprano que tarde, los gobiernos y sus funcionarios y funcionarias tendrán que reconocer el intento de genocidio con los pueblos originarios y se tendrá que discutir la verdad histórica y su consecuente reparación. El olvido no puede ser el camino porque conduce a la impunidad. Las controversias en materia de avasallamiento y despojo territorial hoy se dirimen en el territorio y en el plano judicial, donde por mucho tiempo la hegemonía del poder lo tuvieron las empresas y los particulares que en uso de sus privilegios, despojaban sin ningún inconveniente ni consecuencias. Hoy, el sistema judicial debe cumplir con las propias legislaciones que amparan los derechos de los pueblos originarios, que no fueron favores o reconocimientos del Estado, sino fruto de las luchas en la defensa del territorio.

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