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La Justicia de Comodoro Rivadavia revisó este viernes la prisión preventiva que cumple Maximiliano González, imputado por el delito de asociación ilícita en causa IPV II. El fiscal solicitó que se mantenga la medida por otros dos meses y el defensor pidió su arresto domiciliario. El juez amplió la prisión por el término de 30 días.
El juez Miguel
Caviglia presidió la audiencia judicial que investiga al funcionario de la
Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
(IPV) con sede en Comodoro Rivadavia, Maximiliano González.
Según la acusación
del fiscal Héctor Iturrioz, la organización delictiva obró en común acuerdo
para recaudar dinero mediante la realización de transacciones comerciales
ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el
Instituto del que González era agente.
Entre los
ilícitos ideados por el clan criminal se incluían la comercialización/venta de
viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a
sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la
venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas
Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el
transcurso del tiempo.
Con esas
maniobras sorteaban la obligación de cumplir el procedimiento establecido por
el ente rector, sustrajeron el sello oval y documentación perteneciente al IPV,
a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por
los integrantes de la banda.
Según la investigación
falsificaron resoluciones de adjudicación y utilizaron los medios informáticos
(hardware y software) de propiedad del ente autárquico. El éxito económico
obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de
vigencia, motivó que su jefe, González, decida cambios en el reparto de tareas
e incorporara nuevos miembros.
A fines de 2019
se incorporó a la empresa criminal, Griselda Fanny Jonás, quien estuvo presa
cuatro días y luego accedió al arresto domiciliario. El pago del canon exigido por el
colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $150.000 y $ 300.000
por cada promesa y estafa.
Bajo todos esos
argumentos fiscales, el magistrado rechazó el arresto domiciliario de González
requerido por el abogado Guillermo Iglesias, y extendió la prisión preventiva
del imputado por otros 30 días.