La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está muy enojada con Alberto Fernández por su promesa incumplida --hasta ahora-- de enviar en el 2020 su proyecto de despenalización y legalización del aborto y empujar el debate para que se convierta en ley. A esta altura del año, con pocas semanas para sacar un dictamen que pueda tratarse en el recinto, la marea verde decidió darle un ultimátum al Presidente.

La Campaña está analizando la posibilidad de movilizar. “Vamos a tener que salir a las calles también nosotras, con cuidado. No nos queda otra”, dijo a Página 12 la histórica referente de la Campaña Marta Alanís. Hasta ahora, la Campaña había respetado los tiempos de la Casa Rosada y aceptado el argumento de que no era momento para debatir el aborto en un contexto de pandemia por coronavirus y con un sistema de salud desgastado por el aumento de casos. Pero se le acabó la paciencia, aunque el presidente confirmó su compromiso con el tema el 28 de setiembre en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Saben que si no es este año, el debate no podrá darse el próximo, que es electoral. Son horas cruciales.

Las principales espadas feministas del Ejecutivo, la secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la asesora presidencial Dora Barrancos están tratando de convencer al Presidente para que finalmente se decida a mandar el proyecto al Congreso. Este miércoles estaba prevista una reunión de asesorxs con Alberto Fernández, donde se iba a plantear el tema pero fue suspendida. El encuentro se postergó para el miércoles.

En la Campaña analizan que la promesa del Presidente se volvió obstáculo para el tratamiento: la marea verde este año no presionó para que su proyecto --con estado parlamentario-- se pusiera en discusión a la espera del texto elaborado bajo la coordinación de Vilma Ibarra a comienzos de año, una iniciativa que recupera los consensos básicos que surgieron del debate en 2018, según la propia secretaria de Legal y Técnica dijo a referentes de la Campaña en una reunión algunas semanas atrás. Diputadas “verdes” del Frente de Todos plantean que hay que esperar a tener la seguridad de que se gana para abrir la discusión. Legisladoras “verdes” de la oposición replican que el apoyo se va a consolidar cuando se envíe el proyecto. Desde el bloque de Cambiemos entregaron un listado con el voto de cada uno de los integrantes de su bancada en el Senado y en Diputados.

En la Campaña aseguran que los votos están. Y en todo caso, es más fácil conseguir los apoyos --si faltara alguno-- si la iniciativa en tratamiento la impulsa el Ejecutivo. Nadie duda de que si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se compromete con el tema, como expresó en su momento en el debate del 2018, no habría problemas para conseguir la ley en la cámara alta, a diferencia de lo que sucedió dos años atrás cuando se perdió por cinco votos.

Y en todo caso, si no estuvieran los votos necesarios para la histórica sanción se podría frenar la discusión en el propio Congreso --sin exponer al Presidente a una derrota-- ya que el manejo de las comisiones por las que debe discutirse y sacarse dictamen están al frente de “verdes” de oficialismo --Mujer y Diversidades (Mónica Macha), Legislación General (Cecilia Moreau), Salud (Pablo Yedlin), y Legislación Penal (Carolina Gaillard)-- a diferencia del debate de 2018 donde dos de esas comisiones estaban presididas por “celestes”.

De todo esto se habló este lunes en una reunión virtual de la Campaña con legisladorxs “verdes” del oficialismo y la oposición y aliadas del ámbito periodístico, artístico y de la literatura. El tiempo empuja las decisiones. Volver a llevar a la marea verde a las calles es una de las alternativas que se baraja. Los dictámenes de las comisiones, según el reglamento de la Cámara de Diputados, deben sacarse antes del 20 de noviembre. Demorar una semana más el envío del proyecto del Ejecutivo impediría que se llegue con margen suficiente para su aprobación en ambas cámaras antes de que finalice el año legislativo el 30 de noviembre. El proyecto podría también tratarse en extraordinarias si hay decisión política de efectivamente convertirlo en ley.

El envío de un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, quien lo ratificó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo. El texto no se difundió --se mantiene guardado-- pero trascendió que incluiría la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal, y garantiza la práctica gratuita en hospitales públicos.

El encuadre es sanitario: el aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido por el Estado. Pero siguen pasando los meses y las mujeres en Argentina, en un marco de pandemia, siguen siendo empujadas a la clandestinidad, a las niñas que enfrentan embarazos como consecuencia de abuso sexual o violaciones se les imponen obstáculos arbitrarios en el sistema de salud, y las mujeres encuentran dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, cuando los hospitales están abocados a la atención de pacientes con covid-19, escribió Mariana Carbajal para Página 12.