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Con Sello Patagónico | CHUBUT EN LLAMAS | Martes 30 de junio de 2020
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La ministra Torres Otarola dejará su cargo y será investigada por presunta defraudación al Estado

La funcionaria esquelense Cecilia Torres Otarola dejará este martes el ministerio de Desarrollo Humano y Familia, y será reemplazada por el actual intendente de Corcovado Ariel Molina, quien se encuentra de licencia en ese cargo. La Fiscalía de Chubut iniciará la investigación por presunta fraude a la administración pública.



El Gobierno del Chubut rápidamente ya encontró un reemplazante para Torres Otarola, quien en las últimas horas se vio envuelta de una escandalosa denuncia por la supuesta contratación de ñoquis.

El Ministerio Público Fiscal ya comenzó una investigación contra la exdiputada en la que solicitó información sobre los sueldos, viáticos, ticket de combustible, pasajes terrestres y aéreos, y también de las personas designadas como secretarios, asesores y contratados.

El fiscal Omar Rodríguez informó que la causa tuvo sus inicios tras una denuncia radicada en Esquel contra la ministra en la que se la acusa por presunta extorsión. Pero, la investigación ya se redireccionó a Rawson.

El fiscal adelantó que hay dos designaciones: un director peruano que reside en Buenos Aires con causas por violencia de género vigentes, y el caso de un exfuncionario imputado por corrupción “al que no se podía contratar como asesor, por el que su madre ocupó el rol de prestanombre”.

La figura penal que caería sobre la funcionaria sería fraude a la administración pública, por la que correspondería una pena de entre 2 a 6 años de prisión. Por ello, el gobernador Mariano Arcioni ya habría tomado la decisión de separar a Torres Otarola de su cargo.

Esta tarde se comunicará su separación del Gobierno provincial, lugar que será ocupado por Ariel Molina,  actual intendente de Corcovado en uso de licencia que se había sumado hace poco al equipo que conduce el secretario general de Gobierno,  Andrés Meiszner.

Las pruebas en contra de la funcionaria incluyen supuestos pagos de importantes sumas a funcionarios de los que se desconoce su función.

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