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Con Sello Patagónico | ABUSO SEXUAL | Miércoles 03 de junio de 2020
Third slide

De espía de ambientalistas a garantista de la Manada de Chubut

Fernando Rivarola volvió a la escena nacional, en 2014 junto a otros fiscales y policías fue procesado por espiar y perseguir a ambientalistas por el No a la Mina y a miembros del Lof Cushamen. En mayo en plena cuarentena, sobreseyó a T.S tras considerar que sostener la puerta mientras violan a una mujer en grupo no podría ser considerado un delito. Ahora el fiscal convalidó un juicio abreviado a la Manada de Chubut. Los deslices de la justicia machista que las mujeres pagan con sangre.


El 04 de Mayo Con Sello Patagónico publicó la información que paso bajo el radar de las preocupaciones que imponia la pandemia, "Fernando Rivarola, es el fiscal de Rawson que solicita el sobreseimiento de Tomas Soriano uno de los jóvenes que integró el mal llamado grupo “La Manada de Chubut”.

El abuso perpetrado hace ocho años atrás tiene a cuatro imputados, según Rivarola hay distintos grados de participación lo cual abre la puerta a nuevos pedidos de sobreseimiento". Así fue este 03 de junio mientras el país se preparaba para conmemorar la histórica marcha del Ni Una Menos la noticia cayó como una bofetad,  Rivarola, bajó la calificación de “abuso sexual con acceso carnal” a “abuso sexual simple” y acordó a que se realice un juicio abreviado con los abogados defensores, después de un año y medio de iniciado el proceso.

El sobreseimiento que habilitó el descelance del caso, tuvo argumentos tan endebles y graves como lo que hoy se sostienen. Rivarola aludió a la juventud del imputado al momento del hecho, por entonces tenía 17 años. Para Rivarola hoy se está “ante una persona distinta de aquel adolescente y que haber tenido la puerta “durante algún momento” mientras se desarrollaba el abuso en un lugar a oscuras y en el marco de una fiesta de adolescentes y jóvenes, donde “todos los invitados dieron cuenta de un abuso generalizado en el consumo de alcohol, esta, se presenta como de menor gravedad”.

Envalontado de impunidad, ahora el fiscal describió lo sucedido como un “accionar doloso de desahogo sexual” por parte de los imputados, dejando una frase que sería repudiada ampliamente por diversas personas. La médica y docente Sol Ferreyra, conocida en Twitter como Sol Despeinada, explicó indignada en una publicación: “Desahogo sexual es un término que solo un varón puede hacer, interpreta que violar a una adolescente semi-inconsciente en manada es desahogarte sexualmente, como si no violar te ahogara”.

Cabe señalar que la denuncia original del caso que conmmovió a Playa Unión indicaba  que el abuso fue perpetrado en 2012, cuando la víctima solo tenía 16 años y mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia que le provocó un estado de inconsciencia, que le imposibilitó poder defenderse del ataque sexual.

El juez penal de la causa, Marcelo Nieto de Biase, deberá resolver si acepta el juicio abreviado para Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallamaci, quienes aceptaron haber cometido el hecho. Si esto se da, los acusados no pisarán la cárcel, ya que la pena sería de tres años en suspenso.

ESPIA DE AMBIENTALISTAS

Los antecedentes en la provincia del fiscal que hoy se ganó el recelo del colectivo feminista cuando otros colectivos en contra como lo son los ambientalistas de la provincia y los pueblos originarios. Sucede que en 2017 el juez federal de Esquel Guido Otranto dictó el procesamiento de dos fiscales provinciales y dos efectivos policiales en el marco de una causa por espionaje ilegal que en 2014 involucró a decenas de asambleístas del movimiento No a la Mina y a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, brutalmente reprimida en enero. Uno de los fiscales involucrados fue Fernando Rivarola quién aceptó información ilegal proveniente de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), también procesado, cuyo nombre permanece aún oculto ya que es el Estado quien debe relevarlo del secreto. 

Por entonces Otranto estableció que los funcionarios sabían el material que estaban recibiendo, pese que pública y judicialmente habían manifestado lo contrario. “Esa descarga de información fue realizada por Rivarola a pesar de la clara advertencia que le realizó el agente acerca de que esto debería quedar de incógnito y que en todo caso necesitaría requerir una orden judicial para contar con su colaboración”, sostuvo, y agregó que “evidentemente Rivarola tomó en cuenta esa advertencia, porque guardó la información entre la que ya le había entregado la División Policial de Investigaciones de Esquel” y “sin identificarla ni aclarar que había sido entregada por un agente de inteligencia”.

Luego, el Consejo de la Magistratura de Chubut archivó  la denuncia que las víctimas del espionaje habían elevado contra los funcionarios judiciales. Por otro lado, el fiscal federal concluye: “Rivarola, Bottini, Muñoz y Rodríguez sabían que el vínculo que ellos entablaron con el agente de inteligencia no había sido autorizado. Esto es más claro todavía en el caso de Rivarola y Bottini ya que el propio agente les advirtió que su presencia en la Oficina Fiscal de Esquel debía pasar de incógnito y que deberían requerir su colaboración judicialmente”.


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