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La profesional que la recibió a la nena cuando dio cuenta de la información aumentó el número de semanas de embarazos para evitar la interrupción, la menor se encuentra en riesgo. Santiago del Estero es una de las provincias con más alto índice de niñas madres
La ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad
Nassif, aseguró que “se esta investigando” a una médica que le negó el derecho
a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 12 años que fue
abusada y sigue en riesgo.
“La niña está siendo atendida como se requiere por la
situación de vulnerabilidad por la consejería del Centro Integral de Salud
Banda, desde el momento en que tomamos conocimiento del caso”, detalló la
profesional.
CON 20 SEMANAS DE EMBARAZO LE OCULTARON INFORMACION SOBRE
LA ILE
De acuerdo a las fuentes consultadas por esta agencia, la
nena llegó con su madre el último 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención
Sanitaria (UPA) número 3 del barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda,
pero la derivaron con un turno para el día 6 a otro centro con la excusa de que
allí no había ecógrafo.
“Ese día confirmaron un embarazo de aproximadamente 20
semanas, entonces la niña, con su madre, regresaron a la UPA del barrio Villa
Griselda, pero nunca les brindaron consejería en derechos sexuales y
reproductivos garantizados por ley”, contó a Marianella, militante social
feminista que sigue el caso.
Ante esta situación, la médica María de los Ángeles Pereyra,
coordinadora de la UPA número 3, envió un informe al Ministerio de Salud recién
el 28 de abril informando que el embarazo era de 26 semanas.
“La niña tenía 20 semanas de embarazo y le dicen 26. No se
da aviso al Ministerio de Salud, ni a la Dirección de Infancia que tiene que
intervenir, porque hay una niña abusada. Y tampoco se hace la denuncia en la
comisaría del Menor y la Mujer”, explicó a un medio televisivo Marisa Graham,
defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.
La defensora dijo que “conocía el caso desde sus inicios” y
que está en contacto con autoridades de niñez de Santiago del Estero “para que
se haga el control pertinente para la investigación del delito”.
“Hay un cúmulo de incumplimientos. Más allá de la ILE, del
derecho de la niña a ser informada, y el derecho de la madre”, remarcó. Al ser
consultada por Télam sobre la responsabilidad de la médica, Nassif aseguró:
“Estamos investigando y si se advierte algún grado de responsabilidad vamos a
actuar en consecuencia”.
“No podemos obligar a las personas a llevar a cabo una
acción. La mamá ya había firmado un consentimiento y a partir de esto se
desplegó un dispositivo de abordaje integral para cuidar la integridad de la
niña”, añadió la ministra.
Graham, en tanto, insistió en que “hay una nena que ha sido
víctima de un delito, más allá de si hubo una intencionalidad o no para
desalentar la interrupción legal del embarazo. También resulta llamativo que la
UPA informe ya muy pasado en el tiempo a las autoridades”.
La niña “ya pasó por el sistema de protección de la
provincia, fue atendida por el Estado. Ella y su familia, y fue abusada otra
vez”, añadió la defensora.
FUERTE CRITICA A LA DIFUSION DE LOS DERECHOS
REPRODUCTIVOS EN EL NORTE DEL PAIS
Esta situación se da en Santiago del Estero, una de las
provincias -junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan- que no tiene
protocolo para acceder al derecho al aborto no punible.
“La provincia no adhirió al protocolo actualizado de la ILE
pero se aplica el artículo 86 del Código Penal en sus tres incisos”, justificó
la ministra de Salud.
En tanto, organizaciones sociales de la provincia
manifestaron “gran preocupación por las posiciones públicas de la médica
Pereyra en sus redes sociales, quien antepone sus creencias religiosas por
sobre la legislación vigente”.
Santiago del Estero es una de las provincias con más alto
índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.
Mientras, la niña y sus hermanos “siguen en riesgo”, alertó
Graham y pidió que “el sistema de protección implemente lo que llamamos
prestaciones positivas, para ayudarla a ella y a su familia”.
Por su parte, la Asesora General Tutelar de la ciudad de
Buenos Aires, Yael Bendel, expresó que “el caso es paradigmático de la
vulneración de derechos de niñas en nuestro país. Ante una vida de abusos y
violencias, el Estado calla y habilita”.
“Frente al deber de actuar, el Estado no pone en
conocimiento de la niña sus derechos. Cuando se trata de acceder al sistema de salud
para ejercer sus derechos, en este caso la interrupción legal del embarazo, el
Estado omite, y sus representantes realizan obstructivas maniobras dilatorias
que, en rigor, son delictivas”, sostuvo.
“No podemos seguir tolerando que se vulneren derechos
constitucionales de niñas y adolescentes”, concluyó Bendel.
Fuente: Tiempo Argentino